- Proponen una comisión que estudie los pagos ilegítimos
La iniciativa es del partido Proyecto Sur y está respaldada por el SI y por el GEN de Margarita Stolbizer. Propone crear un cuerpo especial de 24 legisladores que estudie la composición del endeudamiento y mecanismos para evitar juicios por la suspensión de pagos.
Impulso. Los diputados Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano elaboraron el proyecto que sumó adhesiones en la centroizquierda.
Mientras el Gobierno y el grueso de la oposición siguen dando su batalla para ver de qué manera les pagan la deuda a los acreedores privados, diez diputados presentaron un proyecto para suspender los pagos hasta tanto se determine qué se le debe y a quién. El planteo, liderado por Fernando Solanas y acompañado, entre otros, por Margarita Stolbizer, Miguel Bonasso, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse, se basa en las distintas resoluciones judiciales que observaron graves irregularidades en el proceso de endeudamiento.
Los diputados pretenden que se conforme una comisión bicameral con 24 representantes. Que, en un plazo de 12 meses, elabore un informe final que puntualice actos ilegales, ilícitos e irregularidades en el proceso de endeudamiento desde el 24 de marzo de 1976 hasta la última reestructuración ordenada por Néstor Kirchner en 2005.
“Tomamos en cuenta la experiencia del Parlamento de Brasil, que hoy está investigando la deuda de sus últimos 30 años. Y el caso de Ecuador, que no fue parlamentario. Nuestra idea es no sólo mirar el pasado sino también el presente y el futuro”, explicó Claudio Lozano a Crítica de la Argentina.
La investigación, según se prevé, arrancaría con el voluminoso trabajo que provocó Alejandro Olmos en su denuncia contra Alfredo Martínez de Hoz (que acabó en un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000) y otras tres causas aún abiertas y en etapa de investigación.
“A los efectos de evitar cualquier acción por parte de los acreedores, ante la suspensión de tales pagos, el Estado nacional consignará, a cuenta de lo que debería pagar durante el transcurso de la presente investigación, todas las sumas que sean necesarias en el banco que oportunamente se designe, sin que ello implique en ningún caso reconocimiento de derecho alguno a favor de los acreedores”, dice el artículo cinco. Con esa redacción, los legisladores pretenden marcar una diferencia con el default que declaró Adolfo Rodríguez Saá en su breve presidencia, y que podría sintetizarse en “sólo se pagará lo que realmente se debe”.
En los fundamentos del proyecto, los diputados destacan el fallo de la causa Olmos, que en su momento fue remitido al Congreso y que, sin embargo, desde entonces convive con el polvo. En ese fallo, Ballestero determinó que no existen registros contables de la deuda; destacó la “manifiesta arbitrariedad” de los máximos responsables políticos y económicos, y también directivos de empresas, organismos públicos y privados, y señaló el proceso por el cual importantes compañías pagaron sus deudas con los fondos del Tesoro.
Los legisladores añaden que, luego, todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros bancos del exterior fueron al solo efecto de refinanciar la deuda contraída durante la dictadura militar, declarada “ilícita” por Ballestero.
La iniciativa destaca que es el Congreso de la Nación el que debe, como manda la Constitución Nacional, celebrar empréstitos y arreglar la deuda exterior. Y, al pasar, apunta un dato que describe la atención que se le presta al tema.
En el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número dos, están radicadas las tres causas que actualmente indagan sobre el proceso de endeudamiento. La tarea gigantesca recae sobre la pobre espalda de un único funcionario judicial, sin ningún tipo d e colaboración.
Los diputados pretenden que se conforme una comisión bicameral con 24 representantes. Que, en un plazo de 12 meses, elabore un informe final que puntualice actos ilegales, ilícitos e irregularidades en el proceso de endeudamiento desde el 24 de marzo de 1976 hasta la última reestructuración ordenada por Néstor Kirchner en 2005.
“Tomamos en cuenta la experiencia del Parlamento de Brasil, que hoy está investigando la deuda de sus últimos 30 años. Y el caso de Ecuador, que no fue parlamentario. Nuestra idea es no sólo mirar el pasado sino también el presente y el futuro”, explicó Claudio Lozano a Crítica de la Argentina.
La investigación, según se prevé, arrancaría con el voluminoso trabajo que provocó Alejandro Olmos en su denuncia contra Alfredo Martínez de Hoz (que acabó en un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000) y otras tres causas aún abiertas y en etapa de investigación.
“A los efectos de evitar cualquier acción por parte de los acreedores, ante la suspensión de tales pagos, el Estado nacional consignará, a cuenta de lo que debería pagar durante el transcurso de la presente investigación, todas las sumas que sean necesarias en el banco que oportunamente se designe, sin que ello implique en ningún caso reconocimiento de derecho alguno a favor de los acreedores”, dice el artículo cinco. Con esa redacción, los legisladores pretenden marcar una diferencia con el default que declaró Adolfo Rodríguez Saá en su breve presidencia, y que podría sintetizarse en “sólo se pagará lo que realmente se debe”.
En los fundamentos del proyecto, los diputados destacan el fallo de la causa Olmos, que en su momento fue remitido al Congreso y que, sin embargo, desde entonces convive con el polvo. En ese fallo, Ballestero determinó que no existen registros contables de la deuda; destacó la “manifiesta arbitrariedad” de los máximos responsables políticos y económicos, y también directivos de empresas, organismos públicos y privados, y señaló el proceso por el cual importantes compañías pagaron sus deudas con los fondos del Tesoro.
Los legisladores añaden que, luego, todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros bancos del exterior fueron al solo efecto de refinanciar la deuda contraída durante la dictadura militar, declarada “ilícita” por Ballestero.
La iniciativa destaca que es el Congreso de la Nación el que debe, como manda la Constitución Nacional, celebrar empréstitos y arreglar la deuda exterior. Y, al pasar, apunta un dato que describe la atención que se le presta al tema.
En el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número dos, están radicadas las tres causas que actualmente indagan sobre el proceso de endeudamiento. La tarea gigantesca recae sobre la pobre espalda de un único funcionario judicial, sin ningún tipo d e colaboración.
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