El diputado de Proyecto Sur defiende a su asesor acusado de espía, aunque dice que no pondría las manos en el fuego por él, y advierte que "el Gobierno repudia el ajuste ortodoxo, pero hace un ajuste inflacionario"
Ricardo Carpena
LA NACION
Foto: FOTOS DE HERNAN ZENTENOPobre Claudio Lozano. Siempre tuvo buenos motivos para pensar que no existe nada más insalubre en la Argentina que trabajar, como él, de economista. Pero ahora debe de pensar que mucho más insalubre es dedicarse a ser opositor de los Kirchner.
Justo a él, al que algunos han tildado de "funcional al Gobierno" por haber apoyado algunas iniciativas del kirchnerismo, la Casa Rosada lo puso en la mira. O así podría entenderse el repentino arresto de un asesor suyo, supuesto espía en el Ministerio de Economía, en medio de acusaciones de haber utilizado información económica oficial obtenida de forma ilegal, precisamente tras su denuncia sobre la vinculación entre el ministro Amado Boudou y Arcadia, una consultora que interviene en el canje de la deuda pública en default.
Si las denuncias políticas se analizaran a la luz de a quiénes benefician o perjudican habría que darle la razón, en principio, al diputado de Proyecto Sur: nadie hoy habla del caso Arcadia y todos se enfocan en el curioso caso del supuesto espía (equipado, dicen, con lupas, linternas y toallas) que asesoraba a Lozano, pero también a un senador kirchnerista, al viceministro de Economía y al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Como clásico militante de centroizquierda, este legislador se propone romper la "lógica binaria" que divide la política en negro y blanco, en buenos y malos, en amigos y enemigos. Una lógica por la cual muchas veces él y muchos de sus colegas (desde su aliado Pino Solanas hasta Martín Sabbatella) fueron acusados de haber sido la cara progresista del kirchnerismo al haber apoyado iniciativas como la estatización de las AFJP o la ley de medios. Ante Enfoques, Lozano afirma que prefiere "los argumentos a la descalificación" y advierte: "Muchas veces nos sentimos impotentes frente a determinada actitud del oficialismo, que pretende embarrar la cancha para que el Congreso no funcione, y determinada actitud de cierto sector de la oposición, para el que el único objetivo pareciera ser asestarle un golpe al Gobierno. Lo que hay que discutir acá son los problemas sociales de la Argentina, con un 30 por ciento de pobres".
Lozano es uno de los principales espadachines de Pino Solanas y desde la década del setenta está vinculado con el sindicalismo más combativo, primero como integrante de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), aliado con Víctor De Gennaro y Germán Abdala, y desde 2002 como uno de los miembros más activos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la competidora de la CGT, como coordinador de su Instituto de Estudios y Formación.
Video: Lozano: «Pretenden transformar el uso de información pública en robo de información reservada»
Cuatro años más tarde se postuló como candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Quedó quinto con el 2,70% de los votos, pero logró su reelección como diputado, esta vez asociado a Pino Solanas en Proyecto Sur.
-Al final, su asesor Roberto Larosa terminó siendo asesor de todos, hasta del ministro De Vido. ¿Qué hay detrás de este caso?
-Sí, De Vido ha reconocido que Larosa trabajó entre diciembre de 2007 y junio de 2008, lo cual ratifica lo que sostuvimos desde el principio, que cuando presentaron el caso lo hicieron con el solo objeto de intentar enlodarnos en un supuesto robo de información, para desacreditar lo que son los señalamientos y denuncias que venimos haciendo. Denuncias contra el ministro [Amado] Boudou que tienen que ver con el uso ilegal de fondos previsionales, que tienen que ver con la necesidad de revisar el presupuesto 2010, aprobado por la Cámara de Diputados por mayoría, con aliados del propio oficialismo, pero que es un presupuesto mentiroso y alejado de la realidad. Y que tienen que ver con un gobierno que, más allá de todo lo que dijo en determinado momento, termina avanzando en una nueva política del endeudamiento y reconoce 20.000 millones de dólares nuevos de deuda pública que supuestamente no iba a reconocer, en el marco de un canje inconstitucional porque ningún legislador vio la oferta financiera antes de que se hiciera, ni la autorizó. Es ilegal porque el grupo financiero que opera en esto actúa como representante de los bonistas y, al mismo tiempo, es el que propone la oferta financiera, lo cual es un disparate.
-Usted denunció a una consultora por sus vínculos con el ministro Boudou.
-Claro, para colmo de males terminamos identificando la presencia de una consultora financiera, Arcadia, que ha venido desarrollando los canjes de deuda provinciales, ligados claramente al kirchnerismo, y que ha sido la protagonista principal de esta operación de canje, aunque nadie sabía de su existencia. Todo esto se termina traduciendo en una oferta a los bonistas que es harto generosa, mucho mejor que la que los bonistas tuvieron en el 2005, pero en la práctica termina siendo inconveniente porque se transforma en pagos de deuda pública a futuro. Es tan irregular todo que largaron la propuesta aun 20 días antes de poder instrumentarla.
-¿Qué se busca?
-En lugar de discutir lo que hay que discutir, estamos avanzando en una política de endeudamiento, porque hay problemas fiscales que deben resolverse de otro modo y no endeudando al país. Lo que quieren es que discutamos el robo de información, cuando, en la práctica, estamos discutiendo y debatiendo información pública. Es decir, qué pasa con los recursos públicos del conjunto de la sociedad argentina.
-Larosa no era un desconocido en el Ministerio de Economía y esto se difunde en coincidencia con la denuncia que usted hace.
-Pretenden transformar una rutina habitual, de alguien que ingresaba legalmente al Ministerio de Economía porque había funcionarios que lo autorizaban, en un acto de espionaje. Y, tras haber hecho el desastre con el Indec, pretenden transformar un caso de uso de información pública en uno de robo de información reservada.
-El eje de este caso es si Larosa proveía o no de información confidencial y si era obtenida de manera ilegal. ¿Usted recibió datos de ese tipo de manos de él?
-No, la información que yo recibía era pública. Nunca tuve ningún documento confidencial ni cosa que se le parezca. Nadie podría conseguir nada si no existieran funcionarios del Ministerio que lo dé. Larosa tendrá que aclarar este punto. Y los funcionarios también. Esta es una maniobra artera, propia de una estrategia cuasi mafiosa que tiene por objetivo desacreditarnos y desacreditar las denuncias que venimos haciendo.
- ¿Y la denuncia acerca de que tenía llaves de los despachos y estaba en una oficina con la luz apagada, debajo de un escritorio?
-Todas esas cosas las debe explicar Larosa. No suelo dejar en banda a aquellas personas que colaboran conmigo. Y no puedo hacerme cargo de las cosas que hacía o dejaba de hacer en sus reuniones. Sí sé que las tenía seguido y que no entraba con una capucha al Ministerio de Economía. Entraba con su documento de identidad y porque había funcionarios que lo autorizaban.
-¿Pondría las manos en el fuego por él?
-Ehhh... La verdad que no, no me corresponde poner las manos en el fuego. Me parece que Larosa sí tiene que explicar algunas cosas. Pero sí pongo las manos en el fuego por las cosas que Larosa hizo con nosotros. Con nosotros hablaba de información pública, no confidencial.
-¿Por qué el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, está tan enquistado en su ataque contra usted y contra Pino Solanas?
-Es el ministro dedicado a hacer las operaciones mafiosas dentro del gobierno nacional, alguien que se fue de la intendencia de Quilmes metido en el baúl de un auto para que no lo detuvieran por desfalco a la municipalidad que gobernó. Es alguien que ha tenido acusaciones de todo tenor. Un impresentable. Y, además, sería deseable abandonar cierta práctica gubernamental que tiene como estrategia básica tratar de organizar una suerte de cruzada minoritaria de fanáticos para defender no se sabe qué y tratar de atemorizar a todo el resto. Esa lógica es peligrosa, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. El Gobierno debería recapacitar y dedicarse a gobernar.
-¿Cómo los afecta el caso Larosa a ustedes, una fuerza de centroizquierda que ha alternado apoyos y críticas al Gobierno? ¿Los hace más cuestionadores? ¿Los favorece?
-Nunca apoyamos ni negamos ningún proyecto en función de que fuera oficialista o de que viniera de la oposición. El punto de referencia para respaldar determinado tipo de iniciativa tiene que ver con el significado que le otorgamos a eso en determinada visión que tenemos sobre el país y la sociedad. Y ése va a seguir siendo el criterio.
-¿Cuesta más en estos días construir una fuerza que se mantenga equidistante de los partidos mayoritarios y que, además, sea coherente con el ideario del progresismo?
-Hay que seguir intentando romper una suerte de lógica binaria, que no es sólo patrimonio del Gobierno sino, muchas veces, de los medios. En muchas ocasiones nos colocan como funcionales al kirchnerismo simplemente porque tenemos una posición, o nos colocan como funcionales a la derecha por lo mismo, y no tenemos que ver con ninguna de las dos variantes. Esa lógica binaria se basa en la descalificación y no en los argumentos. Y hay que argumentar sobre lo que se debe hacer en la Argentina. Además, estamos tratando de revisar lo que se hizo para hacer algo distinto de la experiencia fracasada de la centroizquierda. La única manera de que la gente no mire de afuera, no sienta al representante político como alguien al que hay que mirar en una suerte de espectáculo, sin sentirse parte de nada, es que uno pueda tener organizaciones extendidas en cada uno de los lugares del país, donde haya compañeras y compañeros que compartan con la gente la canalización de sus conflictos, de sus inquietudes.
-¿Los Kirchner nunca fueron progresistas o fueron cambiando con el paso del tiempo?
-El gobierno de Néstor Kirchner tuvo en su primera etapa cosas importantes, como resultado de un proceso muy importante de demandas sociales acumuladas que reclamaban por menor impunidad, mayor justicia. Todo lo que fue la política inicial en materia de derechos humanos, la renovación de la Corte, algunas definiciones en términos de política exterior en América latina. Lamentablemente, después de los primeros dos años comenzó a desandar ese camino, desde 2007 de manera mucho más elocuente, e incluso ha terminado bastardeando propuestas que son absolutamente imprescindibles para una propuesta popular y que le hacen el caldo gordo al retorno del discurso conservador. Nada es más funcional a la construcción de un discurso conservador que estatizar las AFJP y no usar los recursos para resolver los problemas del sistema previsional, ponerlos en otro tipo de cosas. O transformar Aerolíneas Argentinas en un agujero negro de recursos que no sabe adónde van. Eso le quita sentido a la necesaria defensa de una aerolínea de bandera. Nada es más conservador que transformar la batalla por la democratización de la comunicación en el enredo de esta suerte de presentación casi facciosa de la relación con los medios públicos convertidos en estatales o con el tipo de agresividad sobre los periodistas en general. Vemos un gobierno que ha desandado con creces el camino hacia una estrategia de mayor igualdad, de mayor democratización. No se avanzó en materia de libertad sindical, en negarse al reconocimiento de la existencia de otra central obrera donde hay 1.600.000 trabajadores que quieren estar en otro lado que no es la CGT.
-Es extraño que los Kirchner, que han dado guiños a la centroizquierda, no lo hayan hecho en el plano sindical, reconociendo a la CTA. ¿O no le resulta extraño?
-No es extraño porque no se bancan la democracia. Si uno democratiza la vida sindical, si uno permite que los trabajadores decidan libremente dónde, cómo y quién debe representarlos, lo que hace es fortalecer la capacidad de los trabajadores para discutir en qué sociedad quieren vivir, cuáles deben ser sus niveles de ingreso. Acá hay una decisión de que tal cosa no ocurra, no es una decisión ajena a los límites que vive el proceso democrático. No es distinto el intento de obturar el Consejo de la Magistratura que el de limitar la capacidad de los trabajadores de decidir en libertad quiénes lo representan. Hay un proceso de concentración de poder institucional en manos del Poder Ejecutivo que, casualmente, es contradictorio con la estrategia de democratizar a quienes, en todo caso, son los responsables de crear la riqueza, y aquí es donde está el problema.
-¿Desde la CTA se han planteado en algún momento convertirse en algo similar al Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, que lanzó a Lula?
-Respetamos lo que significa como avance y democratización el PT y la experiencia de Lula en Brasil, pero la Argentina tiene un camino propio y distinto. La CTA es una propuesta de organización diferente y en ningún caso tenemos como objetivo, por ejemplo, que pierda su autonomía. Lo que define a esa central, y por eso la gestión de Hugo Yasky es cuestionable, es la necesidad de garantizar que los trabajadores tengan autonomía incluso de aquel gobierno al que puedan votar.
-¿A Yasky lo ven muy pegado al Gobierno?
-La verdad que sí. La gestión de Yasky estuvo mucho más ligada a discutir con el Gobierno qué cosas podían plantearse o no que a canalizar adecuadamente las múltiples demandas de los trabajadores en el contexto de los últimos años de la Argentina.
-¿Le parece entendible la negación oficial respecto del crecimiento de la inflación?
-La clave del proceso inflacionario está en el comportamiento de la inversión por debajo de las necesidades. Por lo tanto, resolver el problema de la inflación supone no una discusión sobre la demanda sino sobre la composición de la oferta. El Gobierno lamentablemente ha dejado, desde 2007, que esto siguiera funcionando sin ningún tipo de estrategia. Se percibe un gobierno que pretende transformar a la inflación en socio de su política económica. El Gobierno repudia el ajuste ortodoxo pero en la práctica viene formulando un ajuste de carácter inflacionario. En lugar de resolver el tema, como la evolución de los precios mejora el nivel de recaudación y como, en realidad, el gasto público, social, salarial y provisional corre por detrás de los precios, hay un proceso de licuación del gasto y de ajuste que se practica en el medio del proceso inflacionario. Ese ajuste inflacionario permite que los formadores de precios mejoren sus márgenes de beneficios respecto de las Pyme o de los trabajadores.
-Parece muy peligrosa esa estrategia.
-Se está jugando con fuego por dos razones. La primera: la Argentina tiene una historia inflacionaria compleja y esto puede funcionar con la inflación del 20% o 25%, pero si se va por arriba del 30% la historia puede ser mucho más complicada. En segundo lugar, porque el país ya no tiene espaldas sociales, como cuando tenía una sociedad mucho más integrada, para poder afrontar esta situación. En un país donde, por cada punto que se mueve, la canasta de alimentos tiene no menos de 20.000 pobres más, la inflación funciona casi como un crimen. Esto va a generar, y está generando, niveles de conflictividad social que son absolutamente innecesarios.
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