Embajador Miguel Angel Espeche Gil: “La Deuda es una causa de todos”
Redacción InfoSUR
Infosur reproduce la disertación brindada por Embajador Miguel Angel Espeche Gil durante el encuentro realizado en el Colegio Público de Abogados de la Capital. Federal, “La deuda es una causa de todos” que tuvo como objetivo apoyar la conformación de la Comisión Bicameral para investigar la deuda. También participaron los diputados nacionales Fernando “Pino” Solabas, Claudio Lozano y los doctores Carella y Lozada
La Deuda es una causa de todos
Es necesario aprovechar la oportunidad que nos da el desliz verbal de la titular nominal del Poder Ejecutivo Nacional cuando reveló que cree que no hay deuda ilegítima.
Renunciar a esgrimir el argumento de la ilegitimidad de parte de la deuda, argumento incontrastable del que se tienen sobradas pruebas como las aportadas en la Causa Olmos, es someter al país atado de pies y manos a la voracidad de los usureros.
La Cátedra ha hecho circular entre los miembros del Congreso un documento todavía en elaboración titulado “Elementos para una Política de Estado sobre la Deuda Pública Externa” en torno a cuyos términos centrales aspira reunir el consenso de distintas agrupaciones partidarias.
Nadie debe considerarse dueño de la criatura. Es importante que este tema no sea usado para egoísmos partidarios y que generosamente se busque obtener el mayor apoyo posible, comenzando por el del reconocimiento del carácter ilegítimo de gran parte de la deuda cuyo pago se exige a nuestro país, para luego ir avanzando hacia otras propuestas contenidas en dicho documento.
El tema del “Club de París”, cuyas exigencias corresponden a las deudas contraídas en tiempo de los procesos de facto, podría conseguir mayores apoyos, ya que las cuentas de inversión correspondientes a esos años fueron rechazadas por sendas leyes del Congreso en 1990. Cabe destacar que los textos de esas leyes son difíciles de encontrar, como tanta información relevante de la deuda externa, porque no aparecen en el sistema Infolex. La mayoría de los legisladores ignora su existencia.
El otro tema sobre el que podría lograrse consenso es el de la propuesta de presentar un Proyecto de Resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir una opinión consultiva ante la Corte de La Haya sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, originada por el aumento unilateral y usurario de las tasas de interés que afecta a los países de América Latina. Una declaración en ese sentido fue votada por unanimidad por la Honorable Cámara de Diputados el 23 de octubre de 1996, sobre la base del proyecto del entonces Diputado Alfredo Allende. En los últimos días se ha presentado un proyecto de ley con ese propósito.
Es del caso destacar que, desde la iniciativa Allende, se han registrado diversos apoyos para la propuesta por parte de varios grupos partidarios, lo que aseguraría una base firme para que ahora prospere su tratamiento
La Ley 209 votada por el Parlamento Italiano en el año 2000 se inspiró en aquel texto parlamentario argentino.
Se advierte que uno de los motivos más eficientes para la perpetuación del problema de la deuda externa, junto con la ignorancia implantada en la ciudadanía, es la deformación cultural por la que no se nota la perversidad moral del endeudamiento constante y su total falta de lógica. Tomar deuda para que paguen sus intereses las generaciones venideras que no recibieron ningún beneficio es absolutamente inmoral, por decir lo menos. Además, no se distingue entre la deuda que puede contraerse para financiar, concretamente, obras y servicios destinados al bienestar general y la deuda que se pretende perpetuar para saldar deuda anterior, lo que genera más intereses y comisiones sin cálculo alguno de capacidad de pago del país.
La suma cuyo pago se reclama a la República Argentina, sin contar las deudas de las provincias y la que genera el Banco Central, alcanza al 150% del producto anual del país.
Todas las decisiones gubernamentales tomadas desde 1976 a la fecha, salvo cortos períodos, como los de Grispun, García Vázquez y el ex Presidente Rodríguez Saa, fueron supeditadas al pago de la deuda externa por sobre las necesidades de los argentinos. Es impensable encarar las soluciones de los problemas que aquejan a nuestro país si persiste el actual sistema de dominación de la deuda externa.
Estimamos que la deuda, que es la gran matriz de la corrupción, aparte de la exacción perpetua de los intereses, se apoya en el sistema del pago de comisiones en cada tramo de renovación, renegociación, canjes, megacanjes, emisión de bonos, títulos, etcétera. En rigor de verdad, la intervención de bancos de inversión como intermediarios o “brokers” en las negociaciones sobre la deuda es totalmente innecesaria y, por ende, las cuantiosas sumas que perciben como comisión. Los equipos técnicos del Banco Central de la República y los del Banco de la Nación están plenamente capacitados para realizar las gestiones referidas a las negociaciones sobre deuda.
Téngase en cuenta que, desde 1976, dichas negociaciones han ocasionado el pago de enormes comisiones a bancos de inversión, contratados por los Ministros de Economía de turno sin cumplir con la Ley de Administración Financiera del Estado, que exige la realización de licitaciones públicas para hacer esas contrataciones. Según el periódico Wall Street Journal la República Argentina, desde 1976 a 2004, pagó mil millones de dólares en concepto de comisiones.
Corresponde señalar que una de las negociaciones de deuda más importantes y ventajosas para la República Argentina fue la realizada en 1893, durante la presidencia del Doctor Carlos Pellegrini, por el Ministro de Hacienda Romero quien consiguió esos acuerdos sin pagar comisión alguna.
La próspera industria de la deuda externa, la más redituable, se apoya, reitero, aparte de la afluencia perpetua del pago de intereses que no solo no saldan la deuda sino que la aumentan, en el pago de comisiones de las interminables renovaciones, canjes, blindajes y megacanjes que vienen haciendo imposible el bienestar de la Nación y su futuro.
Estimamos necesario que el Honorable Congreso de la Nación retome el ejercicio efectivo de su atribución constitucional de arreglar la deuda y, junto con otras decisiones de fondo, como la de disponer una auditoría y censo de acreedores, la restauración de la jurisdicción de los tribunales nacionales, la eliminación de la abdicación de la inmunidad soberana, dicte una ley prohibiendo el pago de dichas comisiones. Tengo entendido que en Chile toda negociación de deuda la hacen los poderes públicos, sin intermediarios y sin comisiones. Imitemos los buenos ejemplos de los vecinos.
Restaurar el imperio del derecho en todo, y especialmente en lo que respecta a la Deuda Externa es la vía más idónea para defender el interés nacional dando fin al sistema del saqueo instaurado en 1976.
Es necesario aprovechar la oportunidad que nos da el desliz verbal de la titular nominal del Poder Ejecutivo Nacional cuando reveló que cree que no hay deuda ilegítima.
Renunciar a esgrimir el argumento de la ilegitimidad de parte de la deuda, argumento incontrastable del que se tienen sobradas pruebas como las aportadas en la Causa Olmos, es someter al país atado de pies y manos a la voracidad de los usureros.
La Cátedra ha hecho circular entre los miembros del Congreso un documento todavía en elaboración titulado “Elementos para una Política de Estado sobre la Deuda Pública Externa” en torno a cuyos términos centrales aspira reunir el consenso de distintas agrupaciones partidarias.
Nadie debe considerarse dueño de la criatura. Es importante que este tema no sea usado para egoísmos partidarios y que generosamente se busque obtener el mayor apoyo posible, comenzando por el del reconocimiento del carácter ilegítimo de gran parte de la deuda cuyo pago se exige a nuestro país, para luego ir avanzando hacia otras propuestas contenidas en dicho documento.
El tema del “Club de París”, cuyas exigencias corresponden a las deudas contraídas en tiempo de los procesos de facto, podría conseguir mayores apoyos, ya que las cuentas de inversión correspondientes a esos años fueron rechazadas por sendas leyes del Congreso en 1990. Cabe destacar que los textos de esas leyes son difíciles de encontrar, como tanta información relevante de la deuda externa, porque no aparecen en el sistema Infolex. La mayoría de los legisladores ignora su existencia.
El otro tema sobre el que podría lograrse consenso es el de la propuesta de presentar un Proyecto de Resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir una opinión consultiva ante la Corte de La Haya sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, originada por el aumento unilateral y usurario de las tasas de interés que afecta a los países de América Latina. Una declaración en ese sentido fue votada por unanimidad por la Honorable Cámara de Diputados el 23 de octubre de 1996, sobre la base del proyecto del entonces Diputado Alfredo Allende. En los últimos días se ha presentado un proyecto de ley con ese propósito.
Es del caso destacar que, desde la iniciativa Allende, se han registrado diversos apoyos para la propuesta por parte de varios grupos partidarios, lo que aseguraría una base firme para que ahora prospere su tratamiento
La Ley 209 votada por el Parlamento Italiano en el año 2000 se inspiró en aquel texto parlamentario argentino.
Se advierte que uno de los motivos más eficientes para la perpetuación del problema de la deuda externa, junto con la ignorancia implantada en la ciudadanía, es la deformación cultural por la que no se nota la perversidad moral del endeudamiento constante y su total falta de lógica. Tomar deuda para que paguen sus intereses las generaciones venideras que no recibieron ningún beneficio es absolutamente inmoral, por decir lo menos. Además, no se distingue entre la deuda que puede contraerse para financiar, concretamente, obras y servicios destinados al bienestar general y la deuda que se pretende perpetuar para saldar deuda anterior, lo que genera más intereses y comisiones sin cálculo alguno de capacidad de pago del país.
La suma cuyo pago se reclama a la República Argentina, sin contar las deudas de las provincias y la que genera el Banco Central, alcanza al 150% del producto anual del país.
Todas las decisiones gubernamentales tomadas desde 1976 a la fecha, salvo cortos períodos, como los de Grispun, García Vázquez y el ex Presidente Rodríguez Saa, fueron supeditadas al pago de la deuda externa por sobre las necesidades de los argentinos. Es impensable encarar las soluciones de los problemas que aquejan a nuestro país si persiste el actual sistema de dominación de la deuda externa.
Estimamos que la deuda, que es la gran matriz de la corrupción, aparte de la exacción perpetua de los intereses, se apoya en el sistema del pago de comisiones en cada tramo de renovación, renegociación, canjes, megacanjes, emisión de bonos, títulos, etcétera. En rigor de verdad, la intervención de bancos de inversión como intermediarios o “brokers” en las negociaciones sobre la deuda es totalmente innecesaria y, por ende, las cuantiosas sumas que perciben como comisión. Los equipos técnicos del Banco Central de la República y los del Banco de la Nación están plenamente capacitados para realizar las gestiones referidas a las negociaciones sobre deuda.
Téngase en cuenta que, desde 1976, dichas negociaciones han ocasionado el pago de enormes comisiones a bancos de inversión, contratados por los Ministros de Economía de turno sin cumplir con la Ley de Administración Financiera del Estado, que exige la realización de licitaciones públicas para hacer esas contrataciones. Según el periódico Wall Street Journal la República Argentina, desde 1976 a 2004, pagó mil millones de dólares en concepto de comisiones.
Corresponde señalar que una de las negociaciones de deuda más importantes y ventajosas para la República Argentina fue la realizada en 1893, durante la presidencia del Doctor Carlos Pellegrini, por el Ministro de Hacienda Romero quien consiguió esos acuerdos sin pagar comisión alguna.
La próspera industria de la deuda externa, la más redituable, se apoya, reitero, aparte de la afluencia perpetua del pago de intereses que no solo no saldan la deuda sino que la aumentan, en el pago de comisiones de las interminables renovaciones, canjes, blindajes y megacanjes que vienen haciendo imposible el bienestar de la Nación y su futuro.
Estimamos necesario que el Honorable Congreso de la Nación retome el ejercicio efectivo de su atribución constitucional de arreglar la deuda y, junto con otras decisiones de fondo, como la de disponer una auditoría y censo de acreedores, la restauración de la jurisdicción de los tribunales nacionales, la eliminación de la abdicación de la inmunidad soberana, dicte una ley prohibiendo el pago de dichas comisiones. Tengo entendido que en Chile toda negociación de deuda la hacen los poderes públicos, sin intermediarios y sin comisiones. Imitemos los buenos ejemplos de los vecinos.
Restaurar el imperio del derecho en todo, y especialmente en lo que respecta a la Deuda Externa es la vía más idónea para defender el interés nacional dando fin al sistema del saqueo instaurado en 1976.
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