Redacción InfoSUR noticias@infosur.info
En el artículo publicado este 23 de junio en el Diario Clarín con el título "El fracaso de los entes reguladores", escrito por Félix Herrero, director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur, además de condenar el malogro de los entes reguladores en el país y el mundo, afirma que el dominio petrolero es el que ha sido provincializado pero no la renta petrolera, y debería ser nacional y de todas las provincias, aun aquellas que no lo tienen en su subsuelo, porque el petróleo es un bien estratégico nacional.
23-Jun-2010 | Desde proyecto Sur afirmamos que todas las provincias deben participar de la renta petrolera.
Infosur reproduce el artículo escrito por el compañero Félix Herrero, en el Diario Clarín.
Organismos que no regulan ni controlan
EL FRACASO DE LOS ENTES REGULADORES Y LAS DESIGUALDADES PROVINCIALES
por Félix Herrero*
La política de los servicios públicos controlados por entes “reguladores” vive un período de fracaso. No podría ser de otro modo, cuando los entes están fuera de la ley, intervenidos no por causales legales sino por deliberada desidia gubernamental para que actúen a su favor. Mientras tanto, ignoran el largo plazo estratégico y las políticas de Estado.
¿Puede existir una política de regulación con organismos que están al servicio de quiénes deben ser controlados? O, dicho de otra manera, ¿puede tener sentido la existencia de organismos que debieran ser independientes y neutros en una economía llena de corrupción que, por amistad e intereses, se impone sobre cualquier otra voluntad o disposición de competir? Definitivamente no.
Con la crisis financiera de hace dos años y la petrolera de abril de este año, en Estados Unidos se manifestó una de las peores prácticas: entes reguladores en manos de los presuntamente regulados. Tanto la crisis financiera/inmobiliaria como la crisis provocada por el mayor derrame de petróleo de la historia mundial no se deben a fallas técnicas o de la tecnología financiera, sino a los reguladores que no controlan.
Con la crisis de Enron en 2001 se abrieron las esclusas de las dificultades del sistema regulador. Lo prueban la crisis financiera de 2008 y la catástrofe petrolera de 2010.
¿QUÉ HACER CON LOS ENTES REGULADORES?
En nuestro país, ante el fracaso de la economía de los servicios basada en los entes reguladores, deben buscarse soluciones que nos permitan alejarnos del error. O los entes se transforman totalmente, o deben dejar de actuar porque, además, parecen haber perdido definitivamente la confianza de los usuarios.
Ningún nuevo plan económico integral, en su capítulo energético, podrá dejar de proponer soluciones institucionales al fracaso de los entes. Además de los grados inaguantables de corrupción que producen los entes cooptados, resultan ser un nuevo aporte a la desconfianza popular: los entes que penan, juzgan y norman los servicios públicos resultan ser dependientes de los gobernantes de turno. Los que realmente deciden se ocultan en órganos que pretenden ser reconocidos como neutros.
La cooptación de los entes, por un lado, y las prácticas sospechosas por el otro, tanto en las obras públicas como en la prestación de los servicios esenciales, exigen que se busquen soluciones urgentes. Un modelo que se basa en la toma de medidas de corto plazo y de soluciones inmediatas, que no consideran el bienestar general a largo plazo, ha mostrado su ineficacia al caer en francas contradicciones.
Cuando de palabra se afirma que no habrá cortes eléctricos y en la realidad los hay, de inmediato se afirma que son “programados” y cuando son salvajes se sugiere que pueden ser causados por presuntos sabotajes, y así se sigue hasta terminar en irracionalidades que no convencen a nadie. Las medidas, como los dichos, son cada vez más incoherentes: ahora se contratan las obras públicas que tienen mayor costo para el Estado y tarifas más caras para los usuarios con propuestas que comprometen mayor financiamiento externo (aunque aumente la deuda externa del país, como ocurre en el caso del Chihuido).
Se da como un éxito la división de los mercados de crudo, gas natural, energía eléctrica y combustibles del país a través de “planes plus” que rompen la unidad de los mercados. Así se mantienen, al mismo tiempo, mercados de servicios públicos con tarifas administradas y paralelamente se establecen mercados de servicios privados con precios acordados entre concesionarios y usuarios, que ahora sí dejan de serlo para convertirse en clientes en el verdadero sentido de la palabra.
Las medidas aisladas, fuera de los contextos legales, tienen la capacidad de convertir la naturaleza misma de las cosas: para el gobierno nacional el Mar Argentino alejado de las costas fueguinas dejó de serlo, ya que las regalías que son de todo el país, incluso de todas las provincias no marítimas, ahora solo las cobra la provincia más austral. Ya no hay Mar Argentino para todos los argentinos. Lo mismo sucede cuando convierten al Golfo de San Jorge en mar interior, para que las regalías que hasta muy poco tiempo eran de todos las reciban solamente los insaciables gobernantes de Santa Cruz y la provincia de Chubut. Por otra parte, Santa Cruz recibe el 6 por mil de la factura de electricidad de todos los argentinos que tienen el privilegio de tener servicio eléctrico, lo que se justificaba en la falta de conexión de la provincia con el sistema eléctrico nacional; pero ahora, cuando la provincia ha terminado por quedar interconectada con el sistema eléctrico nacional, sus representantes se incomodan por dejar de cobrar el ingreso financiero en vez de alegrarse por haberse integrado con todo el país. En realidad, los que deberían enojarse deberían ser los humilde trabajadores jujeños, o los formoseños que no tienen gas por cañería, o los miles de argentinos que viven en los cordones alrededor de la Capital Federal que deben usar la electricidad para cocinar y para calefacción. El correntino y el misionero que no cobran por la electricidad que se genera en Yacyretá, ni por el agua que se utiliza aguas abajo no recibe participación alguna de la renta petrolera ni gasífera del subsuelo argentino, pero debe pagar un 6 por mil cuando consume la electricidad que generan.
Todo esto nos indica que se necesita un plan energético que saque las cosas al revés. Que terminen tantas irracionalidades e intereses que no respetan ni siquiera la naturaleza de las cosas, ni la justicia de la gente. Los profesionales de los entes reguladores tienen una gran misión: deberían analizar y elaborar proyectos para este gran cambio energético que el país necesita.
*Director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS)
Infosur reproduce el artículo escrito por el compañero Félix Herrero, en el Diario Clarín.
Organismos que no regulan ni controlan
EL FRACASO DE LOS ENTES REGULADORES Y LAS DESIGUALDADES PROVINCIALES
por Félix Herrero*
La política de los servicios públicos controlados por entes “reguladores” vive un período de fracaso. No podría ser de otro modo, cuando los entes están fuera de la ley, intervenidos no por causales legales sino por deliberada desidia gubernamental para que actúen a su favor. Mientras tanto, ignoran el largo plazo estratégico y las políticas de Estado.
¿Puede existir una política de regulación con organismos que están al servicio de quiénes deben ser controlados? O, dicho de otra manera, ¿puede tener sentido la existencia de organismos que debieran ser independientes y neutros en una economía llena de corrupción que, por amistad e intereses, se impone sobre cualquier otra voluntad o disposición de competir? Definitivamente no.
Con la crisis financiera de hace dos años y la petrolera de abril de este año, en Estados Unidos se manifestó una de las peores prácticas: entes reguladores en manos de los presuntamente regulados. Tanto la crisis financiera/inmobiliaria como la crisis provocada por el mayor derrame de petróleo de la historia mundial no se deben a fallas técnicas o de la tecnología financiera, sino a los reguladores que no controlan.
Con la crisis de Enron en 2001 se abrieron las esclusas de las dificultades del sistema regulador. Lo prueban la crisis financiera de 2008 y la catástrofe petrolera de 2010.
¿QUÉ HACER CON LOS ENTES REGULADORES?
En nuestro país, ante el fracaso de la economía de los servicios basada en los entes reguladores, deben buscarse soluciones que nos permitan alejarnos del error. O los entes se transforman totalmente, o deben dejar de actuar porque, además, parecen haber perdido definitivamente la confianza de los usuarios.
Ningún nuevo plan económico integral, en su capítulo energético, podrá dejar de proponer soluciones institucionales al fracaso de los entes. Además de los grados inaguantables de corrupción que producen los entes cooptados, resultan ser un nuevo aporte a la desconfianza popular: los entes que penan, juzgan y norman los servicios públicos resultan ser dependientes de los gobernantes de turno. Los que realmente deciden se ocultan en órganos que pretenden ser reconocidos como neutros.
La cooptación de los entes, por un lado, y las prácticas sospechosas por el otro, tanto en las obras públicas como en la prestación de los servicios esenciales, exigen que se busquen soluciones urgentes. Un modelo que se basa en la toma de medidas de corto plazo y de soluciones inmediatas, que no consideran el bienestar general a largo plazo, ha mostrado su ineficacia al caer en francas contradicciones.
Cuando de palabra se afirma que no habrá cortes eléctricos y en la realidad los hay, de inmediato se afirma que son “programados” y cuando son salvajes se sugiere que pueden ser causados por presuntos sabotajes, y así se sigue hasta terminar en irracionalidades que no convencen a nadie. Las medidas, como los dichos, son cada vez más incoherentes: ahora se contratan las obras públicas que tienen mayor costo para el Estado y tarifas más caras para los usuarios con propuestas que comprometen mayor financiamiento externo (aunque aumente la deuda externa del país, como ocurre en el caso del Chihuido).
Se da como un éxito la división de los mercados de crudo, gas natural, energía eléctrica y combustibles del país a través de “planes plus” que rompen la unidad de los mercados. Así se mantienen, al mismo tiempo, mercados de servicios públicos con tarifas administradas y paralelamente se establecen mercados de servicios privados con precios acordados entre concesionarios y usuarios, que ahora sí dejan de serlo para convertirse en clientes en el verdadero sentido de la palabra.
Las medidas aisladas, fuera de los contextos legales, tienen la capacidad de convertir la naturaleza misma de las cosas: para el gobierno nacional el Mar Argentino alejado de las costas fueguinas dejó de serlo, ya que las regalías que son de todo el país, incluso de todas las provincias no marítimas, ahora solo las cobra la provincia más austral. Ya no hay Mar Argentino para todos los argentinos. Lo mismo sucede cuando convierten al Golfo de San Jorge en mar interior, para que las regalías que hasta muy poco tiempo eran de todos las reciban solamente los insaciables gobernantes de Santa Cruz y la provincia de Chubut. Por otra parte, Santa Cruz recibe el 6 por mil de la factura de electricidad de todos los argentinos que tienen el privilegio de tener servicio eléctrico, lo que se justificaba en la falta de conexión de la provincia con el sistema eléctrico nacional; pero ahora, cuando la provincia ha terminado por quedar interconectada con el sistema eléctrico nacional, sus representantes se incomodan por dejar de cobrar el ingreso financiero en vez de alegrarse por haberse integrado con todo el país. En realidad, los que deberían enojarse deberían ser los humilde trabajadores jujeños, o los formoseños que no tienen gas por cañería, o los miles de argentinos que viven en los cordones alrededor de la Capital Federal que deben usar la electricidad para cocinar y para calefacción. El correntino y el misionero que no cobran por la electricidad que se genera en Yacyretá, ni por el agua que se utiliza aguas abajo no recibe participación alguna de la renta petrolera ni gasífera del subsuelo argentino, pero debe pagar un 6 por mil cuando consume la electricidad que generan.
Todo esto nos indica que se necesita un plan energético que saque las cosas al revés. Que terminen tantas irracionalidades e intereses que no respetan ni siquiera la naturaleza de las cosas, ni la justicia de la gente. Los profesionales de los entes reguladores tienen una gran misión: deberían analizar y elaborar proyectos para este gran cambio energético que el país necesita.
*Director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS)
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