Retenciones agrícolas y petrolíferas
Alberto Sánchez (*) y Felix Herrero (**)
Los autores analizan lo que sucederá a partir del 24 de agoso cuando caduque la facultad del ejecutivo de aplicar cambios en las alicuotas de los derechos de exportación. La posición de Proyecto Sur.
El gobierno concedió coparticipar el 30% de las retenciones verdes con las provincias y los municipios. ¿Por qué no coparticipa las retenciones negras con todas las provincias? That’s the question.
El 24 de agosto de 2010 caducará la facultad, por parte del ejecutivo, de aplicar cambios en las alícuotas de los derechos de exportación de los principales cultivos y productos agropecuarios. Estamos en la antesala de un nuevo debate, dado que continuarían vigentes las tasas actuales a menos que se las modifique por ley del Congreso
Por otra parte, los miembros del Mercosur, luego de su última reunión en la Provincia de San Juan, decidieron que podrán seguir aplicando por sí mismos derechos de exportación, sin necesidad de acordarlos con sus socios. De esta manera, el cobro de los derechos de exportación quedó consolidado dentro del Código Aduanero del Mercosur.
Existen varias propuestas, desde retenciones cero en todos los cultivos menos en la soja, a la aplicación de retenciones segmentadas por tamaño de productor y tonelaje en los cinco principales cultivos.
La puja en torno a las retenciones o la disputa a una parte de la renta agropecuaria, encuentra enfrentados por un lado a la Mesa de Enlace que representa a las principales organizaciones de productores agropecuarios de la pampa húmeda y por otro al gobierno. Por su parte, los partidos políticos (oficialismo y oposición) tienen diferentes posiciones, que van desde el reparto de la renta entre las provincias, los sectores sociales más empobrecidos y otros sectores económicos -por mecanismos de redistribución a través del incremento del consumo y la inversión- hasta una visión más corporativa para que la renta vuelva en gran parte sólo al sector agropecuario.
En esa pelea el gobierno realizó algunas concesiones. A fines del año 2008 modificó en parte su política agropecuaria rebajando las retenciones al maíz del 25% al 20% y las del trigo del 28% al 23%. Además, el gobierno permitió coparticipar el 30% de las retenciones con las provincias y los municipios, a pesar que el Art. 4º de la constitución nacional sigue afirmando que el Tesoro nacional se forma con los derechos de importación y exportación. Esto sirvió para aliviar el déficit global provincial pero no solucionó el problema de rentabilidad de los pequeños y medianos chacareros de las provincias pampeanas.
Retenciones segmentadas y Concentración de la Producción
Se debe recordar que la producción de soja se realiza en un 88% en la Pampa Húmeda y sólo un 12% en la región extrapampeana, lo que permite saber a dónde va la renta agropecuaria originada en las retenciones a la exportación.
En el año 2007, según la ONCCA , 88.477 productores certificaron soja, trigo, girasol y maíz. Entre ellos, 15.000 no se encontraban registrados como productores de soja. Las toneladas registradas por los restantes 73.477 productores alcanzó a 38,3 millones de toneladas en una cosecha estimada en 47,5 millones de toneladas.
Así, en el año 2007 unos pocos actores -24.169 entre los 73.477 registrados- el 32,9% de los productores de soja controlaban el 86,4% de la producción, mientras que 49.308 productores, el 67,1% del total, con un nivel de producción de menos de 300 toneladas, alcanzaba sólo el 13,6% de la producción. A estos últimos habría que eximirlos del pago de las retenciones. Se podría considerar otro segmento entre 301 toneladas y 600 toneladas que alcanza a 11.127 productores que podrían recibir una devolución del 60%. Un tercer segmento de 5.564 productores entre 601 y 1000 toneladas podría tener una devolución del 40% y el cuarto segmento de más de 1.000 toneladas que alcanza a 7.764 productores (10,18% del total) podría pagar una retención del 38%.
De esta manera, el 90% de los pequeños y medianos productores hasta 1.000 toneladas recibirían una compensación-devolución.
Las Retenciones como instrumento de política económica para modificar el Modelo Agropecuario-Sojero
Estos productores de más de 1.000 toneladas podrían tener una retención mayor al 35% para incentivar su pasaje al cultivo del maíz, a la rotación con otros cultivos y a la ganadería. Estos son los productores con mayores posibilidades financieras y económicas y por lo tanto, los que deben correr más riesgos ante los mayores costos de implantación del maíz y de la ganadería. La segmentación y la retención debe ser diferente en los primeros cinco cultivos para favorecer el cambio de modelo.
Las retenciones deben ir acompañadas de otras medidas de política agropecuaria para avanzar en la transición del modelo sojero a un modelo cárnico-maicero, que incluya además la diversificación con otros cultivos. Por otra parte, esa transición para que sea virtuosa, sustentable y emancipadora debe contemplar temas de soberanía alimentaria y ambientales.
Las retenciones como instrumento de un modelo petrolero nacional
La otra fuente de renta, que por desgracia no ha tenido el debate de la agrícola y sigue mantenida en la mayor privacidad, es la exportación de crudo, combustibles, gas natural y, ahora, biocombustibles, con la aplicación de las respectivas retenciones. Se debe pensar que no sólo caen las retenciones sojeras, sino también las petroleras. El Congreso tendrá la gran oportunidad de elevar no solamente las tasas hidrocarburíferas (en petróleo son valores para la determinación de la retención) sino subir las bajísimas retenciones que pagan los biocombustibles de los sojeros y alcoholeros.
No sólo se trata de subir las retenciones hidrocarburíferas y de los combustibles (medidas en excedentes de valores) sino que también se debe aumentar la renta pública del petróleo y no sólo de la porción exportada. Por otro lado, la reforma debe alcanzar a todas las Provincias, como se hizo con el Fondo Federal Solidario2, conocido como fondo sojero.
La redistribución de la retención petrolera a todas las provincias sin exclusión, es el camino por el cual la renta petrolera debe ser distribuida con un poco más de justicia regional. Esta distribución debe llegar a ser obtenida realmente por todas las provincias, es decir por las 23 y la ciudad de Buenos Aires.
Todo ello para salir de la ilusión presente, donde el dominio de los yacimientos “legalmente” es de las provincias, pero la renta no. En la realidad tienen déficits fiscales y en lo discursivo sólo dominios abstractos sin renta. Y también se debe eliminar una donación: la regalía petrolera del mar Argentino que pertenece a la toda la Nación y a todas las provincias, pero que cada día se va entregando a las provincias aledañas a los pozos marítimos.
2 El fondo distribuyó en 2010 aplicando la ley de coparticipación de impuestos las suma de 2.830 millones de pesos a las Provincias y 1.213 millones a los Municipios. La baja de la retención sojera incidirá en la caída de estos ingresos.
*Por Alberto Sánchez, coordinador de la Comisión de Economía del IPPS y Félix Herrero, director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS).
El 24 de agosto de 2010 caducará la facultad, por parte del ejecutivo, de aplicar cambios en las alícuotas de los derechos de exportación de los principales cultivos y productos agropecuarios. Estamos en la antesala de un nuevo debate, dado que continuarían vigentes las tasas actuales a menos que se las modifique por ley del Congreso
Por otra parte, los miembros del Mercosur, luego de su última reunión en la Provincia de San Juan, decidieron que podrán seguir aplicando por sí mismos derechos de exportación, sin necesidad de acordarlos con sus socios. De esta manera, el cobro de los derechos de exportación quedó consolidado dentro del Código Aduanero del Mercosur.
Existen varias propuestas, desde retenciones cero en todos los cultivos menos en la soja, a la aplicación de retenciones segmentadas por tamaño de productor y tonelaje en los cinco principales cultivos.
La puja en torno a las retenciones o la disputa a una parte de la renta agropecuaria, encuentra enfrentados por un lado a la Mesa de Enlace que representa a las principales organizaciones de productores agropecuarios de la pampa húmeda y por otro al gobierno. Por su parte, los partidos políticos (oficialismo y oposición) tienen diferentes posiciones, que van desde el reparto de la renta entre las provincias, los sectores sociales más empobrecidos y otros sectores económicos -por mecanismos de redistribución a través del incremento del consumo y la inversión- hasta una visión más corporativa para que la renta vuelva en gran parte sólo al sector agropecuario.
En esa pelea el gobierno realizó algunas concesiones. A fines del año 2008 modificó en parte su política agropecuaria rebajando las retenciones al maíz del 25% al 20% y las del trigo del 28% al 23%. Además, el gobierno permitió coparticipar el 30% de las retenciones con las provincias y los municipios, a pesar que el Art. 4º de la constitución nacional sigue afirmando que el Tesoro nacional se forma con los derechos de importación y exportación. Esto sirvió para aliviar el déficit global provincial pero no solucionó el problema de rentabilidad de los pequeños y medianos chacareros de las provincias pampeanas.
Retenciones segmentadas y Concentración de la Producción
Se debe recordar que la producción de soja se realiza en un 88% en la Pampa Húmeda y sólo un 12% en la región extrapampeana, lo que permite saber a dónde va la renta agropecuaria originada en las retenciones a la exportación.
En el año 2007, según la ONCCA , 88.477 productores certificaron soja, trigo, girasol y maíz. Entre ellos, 15.000 no se encontraban registrados como productores de soja. Las toneladas registradas por los restantes 73.477 productores alcanzó a 38,3 millones de toneladas en una cosecha estimada en 47,5 millones de toneladas.
Así, en el año 2007 unos pocos actores -24.169 entre los 73.477 registrados- el 32,9% de los productores de soja controlaban el 86,4% de la producción, mientras que 49.308 productores, el 67,1% del total, con un nivel de producción de menos de 300 toneladas, alcanzaba sólo el 13,6% de la producción. A estos últimos habría que eximirlos del pago de las retenciones. Se podría considerar otro segmento entre 301 toneladas y 600 toneladas que alcanza a 11.127 productores que podrían recibir una devolución del 60%. Un tercer segmento de 5.564 productores entre 601 y 1000 toneladas podría tener una devolución del 40% y el cuarto segmento de más de 1.000 toneladas que alcanza a 7.764 productores (10,18% del total) podría pagar una retención del 38%.
De esta manera, el 90% de los pequeños y medianos productores hasta 1.000 toneladas recibirían una compensación-devolución.
Las Retenciones como instrumento de política económica para modificar el Modelo Agropecuario-Sojero
Estos productores de más de 1.000 toneladas podrían tener una retención mayor al 35% para incentivar su pasaje al cultivo del maíz, a la rotación con otros cultivos y a la ganadería. Estos son los productores con mayores posibilidades financieras y económicas y por lo tanto, los que deben correr más riesgos ante los mayores costos de implantación del maíz y de la ganadería. La segmentación y la retención debe ser diferente en los primeros cinco cultivos para favorecer el cambio de modelo.
Las retenciones deben ir acompañadas de otras medidas de política agropecuaria para avanzar en la transición del modelo sojero a un modelo cárnico-maicero, que incluya además la diversificación con otros cultivos. Por otra parte, esa transición para que sea virtuosa, sustentable y emancipadora debe contemplar temas de soberanía alimentaria y ambientales.
Las retenciones como instrumento de un modelo petrolero nacional
La otra fuente de renta, que por desgracia no ha tenido el debate de la agrícola y sigue mantenida en la mayor privacidad, es la exportación de crudo, combustibles, gas natural y, ahora, biocombustibles, con la aplicación de las respectivas retenciones. Se debe pensar que no sólo caen las retenciones sojeras, sino también las petroleras. El Congreso tendrá la gran oportunidad de elevar no solamente las tasas hidrocarburíferas (en petróleo son valores para la determinación de la retención) sino subir las bajísimas retenciones que pagan los biocombustibles de los sojeros y alcoholeros.
No sólo se trata de subir las retenciones hidrocarburíferas y de los combustibles (medidas en excedentes de valores) sino que también se debe aumentar la renta pública del petróleo y no sólo de la porción exportada. Por otro lado, la reforma debe alcanzar a todas las Provincias, como se hizo con el Fondo Federal Solidario2, conocido como fondo sojero.
La redistribución de la retención petrolera a todas las provincias sin exclusión, es el camino por el cual la renta petrolera debe ser distribuida con un poco más de justicia regional. Esta distribución debe llegar a ser obtenida realmente por todas las provincias, es decir por las 23 y la ciudad de Buenos Aires.
Todo ello para salir de la ilusión presente, donde el dominio de los yacimientos “legalmente” es de las provincias, pero la renta no. En la realidad tienen déficits fiscales y en lo discursivo sólo dominios abstractos sin renta. Y también se debe eliminar una donación: la regalía petrolera del mar Argentino que pertenece a la toda la Nación y a todas las provincias, pero que cada día se va entregando a las provincias aledañas a los pozos marítimos.
2 El fondo distribuyó en 2010 aplicando la ley de coparticipación de impuestos las suma de 2.830 millones de pesos a las Provincias y 1.213 millones a los Municipios. La baja de la retención sojera incidirá en la caída de estos ingresos.
*Por Alberto Sánchez, coordinador de la Comisión de Economía del IPPS y Félix Herrero, director del Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS).
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