LEY DE PESCA ¿Qué festeja Señor Gobernador?

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Documento de Movimiento Proyecto Sur Rio Negro Confluencia para la Emancipacion Rionegrina

El pasado 18 de noviembre el Gobernador Miguel Saiz expresó …“su satisfacción por la reglamentación de la Ley Federal de Pesca, y elogió el criterio de asignación de áreas de captura. ‘Es un ordenamiento muy necesario en la industria pesquera dentro del mar territorial argentino. A los rionegrinos nos viene muy bien’, cerró”[1].

No dudamos que el criterio utilizado para la reglamentación de la Ley Federal de Pesca se ajusta muy bien a la filosofía política del Sr. Gobernador, pero es interesante ver que significa lo instrumentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley Federal de Pesca fue promulgada en 1997 y es un producto acabado de la política neoliberal que imperaba en la época. En ella se dispone que los recursos pesqueros, hasta ahora manejados desde el Estado, pasen a ser propiedad de las empresas por el término de 15 años. A través de la presente reglamentación se revive la Ley 25109, que hasta el momento no había podido ser aplicada por las resistencias generadas, y se establecen las Cuotas Individuales Transferibles (CIT’s) de los recursos comprendidos, en particular la merluza hubbsi, que es el principal recurso para la pesquería nacional, tanto económica como socialmente. Ahora los armadores pasan a ser los administradores de esos recursos y pueden utilizarlos, venderlos o transferirlos a su entera voluntad.

Cabe preguntarse porqué unos funcionarios transitorios, muy cerca de la finalización de sus mandatos, se permiten asignar recursos de todos los argentinos a las mismas empresas que han sido las responsables de la grave crisis pesquera que sufre nuestro país. Les generan un aumento patrimonial muy importante, pero el Estado Nacional no recibe ni un peso por ello. Esto sólo ya despierta algunas sospechas. Pero además lo hacen sobre recursos que se hallan en emergencia, en el caso de la merluza desde 1999.

Ha sido la sobrepesca producto de una flota sobredimensionada, con permisos obtenidos de la manera más oscura (como lo determina claramente el estudio hecho al respecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires), sin utilización de las artes de pesca selectivas obligatorias, en un marco de fiscalización corrupto (tal como ha sido reiteradamente denunciado desde los medios especializados), lo que ha conducido a lo que varias instituciones señalan como el virtual “colapso” de la merluza. El stock desovante actual está muy por debajo de las 400.000 tons que se estiman como el piso para la recuperación de la especie. Sin embargo, la distribución que se ha hecho mediante la reglamentación ahora vigente es sobre 270.000 tons de capturas potenciales del stock al sur del paralelo 41ºLS, contra una recomendación máxima hecha por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de 207.000 tons. Y todo ello sin incluir lo que se pesca al norte de ese paralelo, donde el recurso está prácticamente destruido.

Hay muchísimo para decir acerca de los detalles y los procedimientos empleados para la distribución que se ha hecho, todos plagados de ilegalidad, ilegitimidad y falta de transparencia, pero de lo que el Sr. Saiz se congratula es que a la Provincia se le haya asignado sólo el 1,03% de lo que se distribuyó, cantidad que a su vez podrá vender o adjudicar discrecionalmente el Gobierno Provincial.

El sistema de CIT’s ya fue probado en otras partes del mundo y en todas ellas está en revisión, porque ha conducido a la concentración de la actividad pesquera en cada vez menos manos, haciendo desaparecer a los pequeños armadores individuales y sin cumplir los fines de preservación de los recursos pesqueros o la previsibilidad de la actividad industrial y laboral, que fue la razón pregonada para su implementación. Tardíamente nos hemos adherido a ese fracaso y las consecuencias se verán a corto plazo.

Entre tanto, se demuestra que, más allá de lo declamativo y la retórica, las dos propuestas políticas, tanto la nacional como la provincial, siguen entregando nuestros recursos naturales.

Pino Solanas en Mar del Plata criticó duramente la entrega de los recursos naturales y públicos a manos privadas, señalando al sistema de distribución de cuotas como un atropello: “Hoy se reparten las cuotas de propiedad de esa riqueza por 15 años y les dan hasta la ventaja de negociar ese cupo que es público, les permiten venderlo, concesionario, alquilarlo. El pueblo argentino no tiene idea de lo que se roban, y esa riqueza es patrimonio público”.