La respuesta del Estado a la protesta social

 

Por N. Giarracca (edicion 14-10-010 Critica de la Argentina)

 Las redes de internet de las organizaciones por la lucha contra la megaminería, el agronegocio, la defensa de los bosques, los acuíferos, las yungas, la soberanía alimentaria no paran de informar sobre las amenazas de represión, militarización de territorios y judicialización de los pobladores. Este verano fue la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, con la amenaza sostenida de militarización del territorio ancestral sagrado la que abrió esta seguidilla; le siguieron los intentos “parapoliciales” de la radio comunitaria de Loncopué por su apoyo a la resistencia de la población cordillerana y a la comunidad mapuche de Campana Mahuida y el incendio intencional de una chacra de activistas de ese lugar; fue otra vez Chilecito-Famatina y ni que hablar de Andalgalá con amenazas, intervención de una fiscal y cada vez más acechanzas a medida que son más los catamarqueños y legisladores conscientes como Pino Solanas, los que se suman a esta lucha contra la instalación de la minera.
Seguimos las protestas y resistencias sociales al modelo neoliberal –concentrador, ladrón de derechos sociales, saqueador y devastador– desde comienzos de los años noventa. Tanto el porqué de la protesta como el cómo y la respuesta de los demandados, incluido el Estado, han mostrado cambios en estas casi dos décadas. El “menemismo” ignoró las protestas; el modelo a seguir era el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña con la huelga minera: ignorarlas, esperar el desgaste de quienes luchaban. Los datos que utilizamos para seguir las protestas en todo nuestro país indican que en este período, el 93% de las mismas no recibieron ninguna respuesta y del 7% restante algunas fueron reprimidas. En el período del gobierno de la Alianza (Fernando de la Rúa) y del corto mandato de Eduardo Duhalde la represión y asesinatos fueron los modos de enfrentar la protesta. Cincuenta muertos en dos años es una masacre que los organismos de derechos humanos no le otorgan la importancia que merece.
Con la presidencia de Néstor Kirchner la etapa de protestas que involucran territorios y bienes naturales se hicieron más visibles. El presidente prometió no reprimir la protesta sino tratarla legalmente. Y en los primeros años cumplió: miles de luchadores cargan con cientos de procesos judiciales que los tienen controlados en sus movimientos. ¿Qué pasa con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Cómo es posible que siga con la política de Estado de judicialización pero ahora acompañada de represiones y persecuciones cuyas imágenes nos hacen recordar los terribles tiempos dictatoriales y que habilitan vaticinar, por lo menos, una violencia que estremece nuestra memoria de represiones y sufrimientos? ¿Es tan fuerte su compromiso con estas corporaciones económicas? ¿Por qué no reaccionan los organismos de derechos humanos e intelectuales que la Presidenta frecuenta y escucha?