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Comodoro okupada
Ya son alrededor de diez mil las personas que ocupan terrenos de manera ilegal; desde el municipio aclaran que la situación aún no se pudo controlar; las causas y consecuencias de un fenómeno que no discrimina pobres de ricos ni de humildes y especuladores.
Un reciente estudio elaborado por el sitio web Reporte Inmobiliario devela que Comodoro Rivadavia es la ciudad del interior argentino donde se pagan los alquileres más caros. Más, incluso, que en Bariloche, donde la afluencia de turistas extranjeros es constante. Este dato ayuda a entender la situación actual de esta ciudad: la economía, impulsada por la explotación del petróleo, mantiene desde hace años un ritmo de crecimiento duradero, pero mientras ésta avanza, aquellos excluidos de este sector productivo se ven imposibilitados incluso a acceder a un techo.
El alquiler de un departamento de dos ambientes (un dormitorio) oscila hoy entre los 1.500 y 2.000 pesos mensuales, aunque también hay que considerar que el derecho a llave implica casi siempre el doble de ese monto, además de otros gastos administrativos que corren por cuenta del locatario. Para un obrero cuyo sueldo no supera los 3 mil pesos, las cuentas no cierran. Por eso, el desfasaje económico generado por el auge del petróleo ha marcado una tendencia en la ciudad que, si bien ya es parte de nuestra cultura, se ha acrecentado en los últimos años: la ocupación ilegal de tierras.
Josefina Bidondo, secretaria de Tierras y Hábitat de la Ciudad, aclara que -aunque aún no trabajen con estadísticas concretas-, "podemos decir que hoy estamos fácil en las 1.800 familias asentadas" de manera ilegal. La población es muy diversa: pueden ser los mismos vecinos de los barrios, que para independizarse de su hogar instalaron sus casas en terrenos municipales (como es el caso del Moure), o de inmigrantes que arribaron en esta última década buscando una forma más digna de vivir. "Notamos gente de Formosa, Misiones, Entre Ríos, además de extranjeros, como bolivianos, paraguayos, chilenos y peruanos -explica Bidondo- que vinieron porque aquí hay trabajo, ya que las empresas lo demandaban. Pero acá es vení, trabajá y arreglátela como puedas".
En la década que acaba de finalizar, las ocupaciones de terrenos se hicieron masivas. Sólo en el año 2005, hubo asentamientos de 600 familias en el San Cayetano, 400 en el Abel Amaya y 450 en el 30 de Octubre. Luego, en 2007, alrededor de 110 familias ocuparon terrenos en Stella Maris, y otras 26 en el Moure, aunque aún no se han hecho censos poblacionales que puedan determinar con exactitud una cifra real sobre el problema.
Por Diego Siciliano
Los vivos y especuladores
Pero las ocupaciones de terrenos no sólo son una medida adoptada por gente en una situación desesperada, sino que también hay quienes sacan provecho de esta metodología. Tal fue el caso de un asentamiento ilegal -ya desalojado- cercano a Ciudadela, en la zona norte de la ciudad. En esa ocasión se produjo la expulsión debido a que se trataba de una inmobiliaria que vendía lotes para casas de fin de semana, según se informó oficialmente. En total, llegaron a ocupar 30 hectáreas.
El caso más reciente de "ocupación VIP", y que aún no se ha esclarecido, es el que ocurre en los terrenos de Radio Nacional. Allí se pueden encontrar tanto viviendas precarias como maquinarias y obreros trabajando, como si se tratase de una empresa ya instalada. La denuncia sobre este hecho, realizada por el concejal radical Jorge Camarda, plantea que se trata de una ocupación organizada. "Lo cierto es que nadie ha dicho nada, a tal punto que el 28 de diciembre hemos presentado una denuncia al juzgado federal para que investigue el caso y establecer las responsabilidades. Cuando alguien ocupa un terreno, pone una casilla de madera o de chapas con tirantes muy endebles. Esta vez se trata de materiales caros en una construcción grande", agrega Camarda. Pero desde el Ejecutivo Provincial alegan que no tienen jurisdicción sobre ese terreno, ya que pertenece al Estado Nacional. Por el momento, no se ha hecho nada al respecto, mientras las obras siguen su curso.
Otros han aprovechado esta tendencia ocupacionista para enriquecerse. Son personas que ocupan un terreno, le hacen una mejora, acceden al título de propiedad y luego lo venden -incluso, muchos venden sin obtener aún el título ya que se valen de papeles "truchos"-. Después toman otro terreno y continúan con su negocio inmobiliario siempre ilegal. Y no se trata sólo de empresarios acomodados, sino de vecinos que apelan a la falta de ética por un vacío de autoridad.
Son hechos que todos en Comodoro parecen conocer, pero que aún no se logran evitar. A la pregunta de cómo discriminar entre aquellos que piden un terreno para fines de subsistencia y aquellos que lo hacen para hacer un negocio inmobiliario o establecer una empresa ilegal, Josefina Bidondo explica que "se hace hablando con los vecinos".
¿Desalojo, relocalización o regularización?
La pregunta ante la propagación de los asentamientos es qué hacer, y no sólo cuando se trata de instalaciones sobre terrenos municipales, sino también sobre los privados. Las soluciones pueden ser diversas: desalojar, reacomodar o intentar regularizar la situación actual. Josefina Bidondo aclara que para proceder antes se debe "estudiarlo como un problema social, más que como un problema de administración de tierras; esto tiene que ver con la búsqueda de trabajo." Desalojar implica expulsar a la gente, pasar las máquinas de movimiento de tierra y devolver el terreno como si nada hubiese sucedido. Esta metodología, llevada a cabo en gestiones anteriores, no pareció dar mucho resultado, ya que los mismos desalojados terminaban asentándose en otros lugares y porque el terreno liberado luego se volvía a ocupar, tal como sucedió en el 2000 en el barrio San Cayetano. Desde entonces se ha tratado de llevar una política distinta, más conciliadora con la situación de las familias.
Regularizar significa la ejecución de la mensura sobre el terreno ocupado. Esto es, allí donde está el asentamiento, intentar poner un orden, pero dado que éstos se producen sobre terrenos inestables -generalmente sobre la ladera del cerro Chenque-, la situación en vez de mejorar, con los años empeora. "Entonces vos mirás los barrios altos y algunos sectores se han deteriorado con el tiempo", cuenta Bidondo.
La otra solución es la relocalización, mover a las familias asentadas a un terreno preparado y loteado por las autoridades municipales. "Nosotros hemos relocalizado en lo que va de la gestión casi 600 familias entre 2008 y 2009", explica Bidondo, que sin embargo admite que "muchas veces hay gente que no logramos regularizar porque las familias no se adecuan a la política institucional, es gente que quiere vivir en la irregularidad, ya sea porque se produce la especulación inmobiliaria o porque tienen miedo a la institución, entre otros problemas".
Una vez que se efectúa la relocalización, con el tiempo, si esa persona se mantiene dentro de las normas legales, pasa a ser titular de la propiedad, lo cual para quienes intentan acceder a la propiedad de su tierra por derecha, resulta indignante, como para Andrés, que desde hace dos años está pagando un terreno en zona sur. "Y, te dan más ganas de ir y conseguirte un alambrado y cuatro chapas, que de gastar tu sueldo en algo que otros tienen sin trabajar", reflexiona.
La mayor parte del ejido territorial de Comodoro Rivadavia pertenece a la Municipalidad y es allí donde frecuentemente se realizan los asentamientos, pero también suceden casos de ocupaciones en terrenos privados, y es entonces cuando las autoridades estatales deben preguntarse a quién dar prioridad. "Hay muchas familias en tierras privadas, y no se pueden desalojar porque se vulneran los derechos del niño, entonces tenemos que trabajar con los dueños de la tierra para su regularización. Luego de un largo camino se ha podido generar una mesa de gestión donde nosotros coadyuvamos con el privado y con la familia para encontrar que este lugar se pueda urbanizar. Se ha logrado dar un boleto de compra-venta al grupo de familias, ese grupo lo transfiere al municipio, y éste se lo devuelve al privado", cuenta Bidondo.
La solución como una cuestión social
Los asentamientos en Comodoro Rivadavia no son un problema actual, pero son cada vez mayores y menos seguros. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitarlos? "Tenemos que trabajar en una previa, pero es difícil. Si vamos a esperar a hacer los cordón cuneta e instalar los servicios, la tierra ya está ocupada", aclara Bidondo. Es por eso que la tierra hoy se entrega antes de instalar los servicios básicos de agua, luz y cloacas. "Tenemos que poner al Estado adelante, con políticas sociales sobre la tierra, cambiarle la mentalidad a aquel que cree que la tierra pasa por un problema de administración, no una cuestión social", finaliza la secretaria de Tierras y Hábitat.
Y mientras la ciudad crece al ritmo del petróleo y genera grandes regalías para la provincia, otros se quedan rezagados y acuden a situaciones desesperadas. Acaso las ocupaciones no sean otra cosa que las consecuencias de un sistema que prioriza las ganancias económicas antes que el bienestar de su población. "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos", hoy la sentencia de Platón suena más actual que nunca.
Condiciones de vida
Los asentamientos ilegales, más allá de ser la última alternativa para una familia relegada del sistema productivo, también implican una condición de vida precaria y muchas veces peligrosa y como ya ha sucedido en varias ocasiones: una trampa mortal. "El gobierno habla de Derechos Humanos, pero qué hay de humano en dejar que la gente viva hacinada, sin cloaca, sin acceso a ningún servicio? Los niños están expuestos a la promiscuidad, a la falta de privacidad", reflexiona Feijoo Rivas, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Raíces de Comodoro Rivadavia.
Los asentamientos no tienen ningún orden: las tierras no están preparadas, los terrenos no están loteados y las calles son inaccesibles. Basta recordar dos tragedias similares ocurridas durante el 2009 para comprender la magnitud de este caos. La primera, ocurrida tres meses atrás en la zona de asentamientos del barrio 30 de Octubre, se trató de un incendio producido -según la información oficial- por un cortocircuito -el acceso a la luz allí es ilegal y por tanto, peligroso-, pero cuando el camión de bomberos intentó arribar al lugar para controlar el siniestro, le fue imposible debido a la estrechez de las calles. El resultado fue la muerte de dos personas.
Un destino similar le tocó a un joven de 23 años en el barrio Próspero Palazzo, cuando su casilla -fabricada con chapas y maderas- se prendió fuego y los bomberos no pudieron hacer nada al respecto.
"El municipio es responsable de esas muertes por haber permitido ese asentamiento y porque no podían llegar los bomberos. Pero de eso no se habla" denuncia Reynaldo Durante, secretario de la Asociación de Propietarios de Bienes Raíces.
Aunque, hay que señalar, la inseguridad no se acaba sólo en la precariedad de los hogares, sino también fuera de ellos: en las calles, con las drogas, las armas y los robos. Es que, visto a la distancia, Comodoro Rivadavia ya comienza a tener problemas de ciudad grande, con la conformación de gente muy rica de un lado y villas miserias del otro. "En el caso del 30 de Octubre, ya estamos en un caso de un asentamiento de cuatro años de vida y está casi constituido como una villa: se cobra peaje, hay prostíbulos, hay actividades comerciales totalmente ilegales, hay situaciones serias delictivas", explica Josefina Bidondo, que asegura que desde la recientemente creada Secretaría de Tierras y Hábitat están intentando regular la situación.
Las consecuencias es que viven mal tanto los de un lado como los del otro. Luis Aguilar, presidente de la Unión Vecinal del 30 de Octubre, siente hoy que su barrio es "el patio trasero de Comodoro Rivadavia." Las instalaciones detrás de su casa, sobre el cerro Chenque, despiden líquidos cloacales contaminantes y van a parar a las mismas calles del barrio. "Pedimos a la Municipalidad que regule la situación, que haga un censo poblacional para conocer cómo vive la gente y ayudarla, pero en épocas de elecciones nunca se escuchan respuestas", cuenta indignado el dirigente vecinal.
Con los asentamientos, los barrios también van perdiendo su identidad y aquellos lugares destinados para la recreación y el culto, desaparecen. En el Moure, por ejemplo, el año pasado se produjeron 26 ocupaciones en terrenos donde se planean instalar plazas, iglesias y un asilo para ancianos. Pero los mismos vecinos entienden la situación. Marcelino Vargas, presidente de la Vecinal aclara que "son hijos de vecinos, que no tienen dónde ir, es necesario que desde la Municipalidad intenten ordenar la situación y reacomodar a las familias."
Censo. Luis Aguilar, presidente de la vecinal 30 de Octubre pide a la Municipalidad "que haga un censo poblacional para conocer cómo vive la gente y así ayudarla".
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