¿Qué sentido tiene reclamar justicia por un hecho ocurrido hace casi cuarenta años?
¿Qué sentido tiene apelar a la memoria de algo que los sucesivos gobiernos democráticos se han empeñado en ignorar?
Nosotros creemos que una sociedad es madura cuando reconoce a todas las partes que la componen y cuando puede determinar las deudas que se han establecido con cada una de ellas.
Entonces, ese es el sentido. Todavía hay una deuda con los 16 compañeros asesinados y, mientras no se la salde, la sociedad no habrá alcanzado la madurez deseada.
La política de derechos humanos promovida por este gobierno se ha acotado al juicio de los genocidas de la última dictadura militar. Eso es bueno, sin dudas, pero claramente insuficiente, porque se deja afuera a muchos sectores de la sociedad: a los militantes ejecutados en 1972 en la base naval Almirante Zar, a los pobres a los que se condena a la desnutrición y al desamparo, a las comunidades originarias a las que se les niega la tierra y encima se los asesina por reclamar como ocurrió en Formosa con la Comunidad QOM bajo las balas de Gildo Isfrans o a los compañeros que asesinaron en Jujuy por reclamar acceso a la tierra, a los jóvenes que se empuja hacia la vida delictiva y la drogadicción, a los jóvenes que hoy todavía son víctimas del gatillo fácil y de las torturas policiales como el caso de Iván Torres entre otros.
También debemos señalar que en la Argentina que a 39 años que consagró una masacre que se inscribe en una de las mayores violaciones de DDHH en Latinoamérica todavía existen cárceles, persecuciones y asesinatos por pensar distinto o luchar como en el caso de los compañeros petroleros: Onate y Acosta que actualmente están presos, Karina “la Gallega” Germano López integrante de HIJOS, la persecución permanente al compañero Martino, los asesinatos de Maximiliano Costky, Darío Santillán, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, los compañeros de Jujuy y Formosa, los asesinados en democracia o los 42 docentes santacruceños judializados por el último paro en esa provincia y por supuesto la desaparición de Julio Lopez.
La “Masacre de Trelew” nos recuerda que hay heridas que no están cerradas, que el gobierno ha construido una imagen incompleta de nosotros mismos.
Ejerciendo un doble discurso, simula la reivindicación de los derechos humanos y, al mismo tiempo, suma entre sus tropas a políticos que fueron funcionarios de la última dictadura. En Chubut, algunos de esos ejemplos son Marcelo Guinle y Mario Pais. El primero Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación y el segundo, Juez. Ahora los dos forman parte de un gobierno que se dice “nacional y popular”.
Nosotros creemos que los derechos humanos valen para todos los seres humanos. También para aquellos que no pueden acceder a un pedazo de tierra y a una vivienda digna, a aquellos a quienes se pretende avasallar con la contaminación minera y que ahora se pretende avanzar con la connivencia del dasnevismo y del frente para la victoria, a los que nos oponemos al pago de la fraudulenta deuda externa que este gobierno paga rigurosamente, a los que consideramos que el hambre es un crimen en un país que es una fábrica de alimentos o los que queremos cambiar el perfil agro extractivo de este país y nos oponemos a la entrega de nuestros recursos naturales y yacimientos como lo hicieron la provincia y la nación..
También es oportuno rescatar la visión internacionalistas de los compañeros de la Masacre de Trelew y de los compañeros de las organizaciones y seguramente la vigencia de las luchas de ayer se trasladarían al escenario internacional de hoy al lado de la lucha de los indignados en España, a los griegos o a los londinenses, a los estudiantes chilenos y a toda la Europa que se subleva y pelea por condiciones de igualdad social y reconocimiento de derechos.
Los asesinatos cometidos en la base naval Almirante Zar nos acicatea la memoria, nos recuerda una misión. Esos 16 compañeros nos dicen: “Exigimos justicia”. Y nosotros estamos aquí para reclamarla.
Mas fotos del acto en www.proyectosur-chubut.blogspot.com
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