Miradas para entender una realidad social insoslayable

Importante: independientemente que el autor de la presente nota pertenece al justicialismo, nos parece importante poner en el centro de la discusion politica una situacion social hasta hoy desatendida por el estado municipal. 


Política de tierras y seguridad urbana

Por Carlos Jurich

La usurpación de la tierra municipal permanece en el imaginario popular de los comodorenses como un procedimiento legítimo. Se cree que la tierra municipal no es de nadie y que existe un derecho de nacimiento a apropiarse de ella, con solo invocar la necesidad y la pertenencia al barrio.
El Estado, lejos de planificar el crecimiento de la ciudad, corre detrás de las necesidades a fin de dar servicios a aquellos que se instalan sin agua, luz, ni cloacas.
Las obras planificadas permiten repartir el esfuerzo financiero a lo largo del tiempo, sin afectar las disponibilidades de recursos. Pero los problemas de infraestructura que generan los “ocupas” demandan recursos corrientes de la tesorería municipal, siendo el peor escenario en una gestión económica del estado.
La actividad económica de la ciudad ha atraído a personas de todo el país y del exterior que buscan mejores oportunidades de vida. Sin embargo la ciudad los recibe con una canasta básica prohibitiva, solo apta para petroleros. El alquiler de una pequeña casa de plan es tan caro como el de un departamento en el exclusivo barrio Norte de Buenos Aires.
Estos factores, sumados a la irresponsabilidad social con que actúan algunas empresas, han provocado una generalización de la usurpación y el crecimiento lento pero sostenido de nuestras propias villas. La zona de la antena de Radio Nacional es un ejemplo de lo que no 
debería suceder en una ciudad.


POLITICAS AUSENTES

Comodoro pasó en pocos años de tener barrios humildes de fácil contención social y mejora urbana, a villas irremediables con pasillos serpenteantes.
Mientras un barrio humilde evoluciona con el tiempo en un barrio de clase media, una villa empeora siempre. Es un lugar condenado a la marginalidad.
Es innegable que la política de tierras ha sido mala. La falta de gestión del poder público la pagaremos todos con una pérdida de la calidad de vida en toda la ciudad.
¿Cómo afecta una mala política de tierras a la seguridad pública?
Si observamos la realidad de otras regiones vemos que las villas se convierten en sitios donde el estado no llega. No da seguridad, ni salud. Tampoco cobra impuestos, ni regula la propiedad de la tierra. La ausencia del estado implica una renuncia a la soberanía en una porción de la trama urbana.
No es difícil imaginar que cuando el orden estatal está ausente rápidamente es reemplazado por otro, generando condiciones ideales para la radicación de organizaciones criminales. Es un refugio donde se aplica la ley del más fuerte, donde la gente más pobre queda a merced de la voluntad del grupo armado mejor organizado.  En la intrincada trama de las villas convive el sacrificado trabajador excluido con los escondites donde se retiene a las personas secuestradas, con los depósitos de armas, drogas y elementos robados.
El caso de Brasil es emblemático. Las organizaciones de narco-delincuencia que se apropiaron de los espacios abandonados por el estado producen un estado de guerra permanente. Es el país con mayor cantidad de muertos por armas livianas de toda la región, duplicando los índices de Colombia. Pese a no tener una guerra formal, con menos del 3% de la población mundial, Brasil registra el 11% de las muertes provocadas en todo el mundo por armas de fuego.
Lo que empieza como un problema de organización urbana y de exclusión social, se convierte con los años en un problema de seguridad nacional. Esta es la interpretación que  efectuó el gobierno de Lula Da Silva cuando decidió tomar militarmente las favelas de su país, expuso a las organizaciones criminales que allí residían y enarboló la bandera brasilera en lo alto del morro.
Son acciones decididas de un presidente de izquierda, surgido del movimiento obrero de su país, lo que revela que sin importar la ideología el fenómeno criminal se combate con todas las herramientas de que dispone el gobierno democrático, incluido su ejército.  
Comodoro tiene el germen instalado. Quedan dos alternativas para nuestra comunidad: o efectuamos un esfuerzo económico para cambiar las condiciones edilicias de la villa, llevando los servicios del estado, abriendo calles y gestionando la regularización dominial  o no hacemos nada y dejamos que continúe el crecimiento de la marginalidad. La segunda alternativa implica socializar el costo de la exclusión y acostumbrarnos a la inseguridad.
Pero lo más importante que tiene que resolver la sociedad comodorense es la forma en que exigirá de las empresas un comportamiento social responsable. Las empresas operadoras deberán rediseñar sus programas de responsabilidad social empresaria celebrando nuevos compromisos éticos con la comunidad.
El compromiso debe implicar la construcción de viviendas para los trabajadores, la asistencia a los clubes y asociaciones intermedias, el tratamiento justo de las empresas proveedoras locales de manera de permitir su viabilidad en el tiempo, ganancias adecuadas y salud financiera.
Al explotar un recurso no renovable, el nivel de compromiso y responsabilidad social debe ser mayor, por lo que ha llegado el momento de renovar los pactos que nos permiten vivir en paz como comunidad.