domingo, 22 de julio de 2012


Diadema: Proyecto Sur insiste en que hubo irregularidades en la entrega de casas 


Edicion Domingo 21 de Julio Diario Cronica

La mesa local de Proyecto Sur expresó ayer su desacuerdo con las expresiones del delegado del IPV, Abel Reyna, sobre el conflicto en Diadema por la adjudicación de 30 viviendas oficiales, cuestión sobre la que dicha agrupación política había denunciado la comisión de “graves irregularidades” por parte de Covidiar.
 En un comunicado emitido ayer, Proyecto Sur expresa:
“En primer lugar, el Estado, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, no puede desentenderse de las arbitrariedades que puedan haber sucedido en la elaboración de la lista definitiva de vecinos adjudicatarios de las viviendas. No basta con que haya enviado veedores a un sorteo de viviendas, cuando la lista de los participantes del sorteo pudo ser objeto de una manipulación grosera. 
El IPV ha recibido las quejas y denuncias de los vecinos perjudicados, no puede hacerse el sordo. Al fin de cuentas, administra recursos del Estado, es decir, los recursos de todos. Si reduce el problema a “una interna barrial con CoViDiAr” y si acepta que los cambios en las listas de postulantes están asociados a “los cambios en la dirigencia de CoViDiAr”, está asumiendo al menos tres hechos muy graves: 
a) que en el proceso de selección de adjudicatarios de la vivienda hubo desprolijidades y que estas fueron cometidas por la dirección de CoViDiAr; 
b) que algunos de los excluidos de la lista de adjudicatarios puede tener más derecho a la vivienda que varios de los que resultaron incluidos en esta lista; 
c) que los únicos que pueden resolver este conflicto son los propios perjudicados, ya sea por vía legal o de alguna otra manera, porque el Estado los ha dejado solos.
A través de Reyna, el gobierno está diciendo que el Consejo de Administración de CoViDiAr tiene el derecho de acomodar a quien quiera en el listado de adjudicatarios y que los vecinos perjudicados no tienen nada que hacer. Los acontecimientos ya estarían consumados. 
Este caso es altamente significativo, sobre todo si pensamos que, mediante esta metodología, el modus operandi puede estar siendo replicado en diferentes lugares de la provincia. 
Nos resistimos a aceptar la posibilidad de que un grupo de vivos malverse los recursos del Estado. No consideramos correcto que el IPV se lave las manos. ¿Acaso no le importa que las casas que construyó no hayan sido adjudicadas a quienes más las necesitaban? ¿El IPV termina siendo solo una empresa constructora? ¿No le importa que hayan hecho trampa? ¿Y que hayan quedado sin vivienda vecinos que la merecían? 
¿Dónde queda la justicia social?” finaliza.
(Área de Prensa de Proyecto Sur - Chubut)


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